MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada ponente
AC4243-2017
(Aprobado en sesión de dieciocho de enero dos mil diecisiete)
Bogotá, D. C., treinta de junio de dos mil diecisiete (2017).
Procede la Corte a resolver el recurso de reposición que formuló LUIS GUILLERMO NEISSA ROSAS Y BEATRIZ GIRALDO DE NEISSA, recurrentes en casación, en contra de la providencia que declaró inadmisible la demanda presentada para sustentar la impugnación extraordinaria y, subsecuentemente, desierta la misma.
I. ANTECEDENTES
1. Los demandantes instauraron proceso ordinario que conoció el Juzgado 39 Civil del Circuito de Bogotá pretendiendo que se declarase la nulidad del contrato de promesa de compraventa y su otro sí, donde fungen como promitentes vendedores, celebrado entre ellos y los demandados. Además, subsidiariamente imploraron su resolución por incumplimiento, y en ambos casos con pretensiones consecuenciales atinentes a las restituciones, frutos e indemnizaciones.
2. Notificados los demandados manifestaron su oposición a las pretensiones, tras lo cual alegaron como excepciones la inexistencia de la nulidad, la improcedencia de la acción resolutoria e ilegitimidad en la causa por excepción de contrato no cumplido, sustentadas en el hecho de que para la fecha de la celebración del contrato de compraventa el bien se encontraba embargado y no se habían entregados los comprobantes fiscales necesarios para otorgar la escritura que lo perfeccionara. También, la parte demandada formuló demanda de mutua petición con la cual buscaron el cumplimiento forzado del contrato prometido, fundado en el quebrantamiento del mismo por la opositora.
3. Surtidas las etapas del proceso se profirió sentencia de primera instancia a través de la cual el juzgador negó las pretensiones de la demanda principal, y en lo que atañe a la reconvención tan solo reconoció que los promitentes vendedores habían faltado al contrato, pero como quiera que habían hecho trasferencia de los inmuebles a un tercero, no ordenó el cumplimiento forzado perseguido.
4. Apelada esta providencia por los demandantes el ad-quem desató la alzada con sentencia confirmatoria. Frente a ella, los actores recurrieron en vía de casación, y presentaron el libelo correspondiente (folios 5 a 61, c. Corte).
5. Mediante providencia de 21 de noviembre de 2016, la Sala declaró inadmisible la demanda, y en consecuencia desierto el recurso de casación (ff 70 a 83, c. Corte), pues consideró que los fundamentos expuestos por el gestor del recurso, con miras a sustentarla, no resultaban suficientes para cumplir tal objetivo. Se advirtió que los requisitos mínimos exigidos por la normatividad no fueron acatados, de ahí, la inadmisión del libelo. Como consecuencia, decidió declararlo desierto.
6. El casacionista concurre en esta oportunidad y presenta reposición en contra de aquel auto, solicitando dar aplicación al numeral 4º del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, en el entendido que «el cargo B “ERROR DE DERECHO” guarda adecuada relación con la sentencia impugnada, con los fundamentos que le sirven de base a la misma, con la índole de la controversia específica, con la posición procesal adoptada por la parte recurrente y con la circunstancia comprobada del incumplimiento por parte de los demandados»; en lo demás, guardo silencio (f. 84).
II. CONSIDERACIONES
1. Según lo regulado en los artículos 348 y 363 del C. de P.C., en cuanto que el auto recurrido fue adoptado por la Sala de decisión, el recurso propuesto en esta oportunidad resulta totalmente procedente. Sin embargo, la providencia acusada no será revocada, de un lado, por cuanto que su promotor no expuso las razones integrales del reproche, de otro, el argumento parcial planteado de aplicar el numeral 4º del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, resulta insuficiente frente a las falencias enrostradas al libelo que impiden a la Corte su estudio de fondo.
2. Por mandato expreso ya del artículo 348 del C. de P.C., ora del precepto 318 del C. G. del P., el recurso de reposición debe interponerse ‘con expresión de las razones que lo sustenten’. En otras palabras, el censor debe hacer explícitos aquellos argumentos que pongan en evidencia el error del funcionario judicial y, que, por tal circunstancia, el auto proferido debe ser reformado o revocado.
Y cuando se habla por parte del legislador de ‘las razones’, que habilitan una u otra de estas solicitudes (revocar o reformar), lo que demanda no es otra cosa que mostrar con la debida sustentación el desvío del juzgador; es la expresión clara y precisa de los argumentos que sirven de sustento a una petición determinada. En otras palabras, se requiere explicar por qué la decisión proferida resultó equivocada.
Propio de todo mecanismo de impugnación, en el caso del recurso de casación, su procedencia, su formulación, trámite y definición del mismo, son aspectos que están supeditados al cumplimiento de un mínimo de formalidades o requisitos, amén de no poderse esgrimir ante cualquier hipótesis, pues, por mandato legal (art. 368 del C. de P. C), solo en aquellos eventos o causales que la ley autoriza puede acudirse a sus beneficios y, por supuesto, una vez que la parte lo aduzca, le corresponde asumir, la acreditación de los hechos que estructuran la queja formulada.
3. La Corte no encuentra manifestación alguna por parte del recurrente que rebata eficazmente el pilar sobre el cual se levanta la decisión de no admisión del primer cargo por violación indirecta de la ley sustancial, el cual fue dividido en dos segmentos: En el primero se desarrolla un ataque por error de hecho en la apreciación de pruebas lo que condujo al Tribunal a violar los artículos 1546,1609, 8 y 89 de la Ley 153 de 1887, 6, 16, 63, 66, 595, 597, 740, 756, 766, 768, 776, 777, 954, 955, 957, 960, 971, 1502, 1505, 1517, 1521, 1584, 1602, 1608, 1617, 1633, 1757, 1834, 1849, 1857, 1859, 1861, 1863, 1880, 1882, 1928, 1929, 2142, 2150 siguientes y concordante, 2323, 2440 del Código Civil; y los artículos 2, 16, 117, 172, 174, 175, 180, 187, 213, 233, 244, 251, 252, 261, 262 del C. de P. C.
Y en el segundo se acomete la explicación de yerros de derecho que para la censura condujeron a la violación de los artículos 1546 y 1609, 740, 756, 1502, 1517, 1521, 1584, 1602, 1834, 1849, 1857, 1863, 1880, 1882, 1928 y 2323 del Código Civil; y 89 de la Ley 153.
3.1 Al estudiar la Sala la demanda de casación encontró que la misma no reunía los requisitos mínimos para su admisibilidad, no sin antes memorar en torno a la naturaleza extraordinaria del recurso de casación irradiado por el principio dispositivo, el que le impide a aquella «complementar los embates y suplir las falencias del censor», exigiéndose de este una crítica acompasada con los pilares de la sentencia, esto es, que guarden relación con sus argumentos, que los destruya totalmente para así derruir también la presunción de acierto y legalidad que acompaña al fallo de instancia en lo concerniente a las conclusiones fácticas y jurídicas que condujeron al sentenciador a decidir como lo hizo, tarea que si no se evidencia cumplida, acarrea en últimas una formulación de ataque sin la necesaria precisión o tino (desenfoque), o sin la claridad que, como requisitos formales, debe cumplir la demanda y cada uno de los cargos.
3.2 Por consiguiente, debió cuidarse el casasionista en cumplir lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto que «la formulación de los cargos debe hacerse por separado, con exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara y precisa».
La claridad denota que el ataque sea fácilmente inteligible, palmario, evidente, perceptible por la inteligencia sin duda y confusión; mientras que la precisión hace referencia que sus expresiones puedan entenderse en un mismo sentido, que la acusación sea exacta y rigurosa.
3.3 Centrados en el estudio del cargo primero se advirtió en el proveído recurrido que «abundan las referencias a situaciones por entero ajenas al proceso (v.gr. f. 28, c. Corte), sobre responsabilidad patrimonial del apoderado), que no solo no guardan consonancia con la sentencia que se impugna sino que torna asaz confuso el embate que se quiere hacer resaltar».
Igualmente, se anotó la falta de precisión y claridad en la fundamentación del cargo por hacer mixturas de causales, siendo contrario a la técnica del recurso y a la ley que se eleve el mismo con base en dos o más causales de casación, por estar prohibido por el numeral 3º del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil; a pesar que tal rigidez quedó morigerada en el decreto 2651 de 1991, ya que su artículo 51 permitió, que reproches cimentados en la violación de normas sustanciales fueran escindidos y separados, en las demás causales ello no es procedente.
Asimismo, se hizo énfasis en la providencia opugnada que el cardinal argumentó del Tribunal de que lo atinente a la nulidad sustancial de la promesa inicialmente buscada no es asunto de la alzada, pues el recurrente “no presentó real y fundado el cuestionamiento… Omisión que, de entrada, permitiría abandonar esta materia por parte del Tribunal” (f.87). El sentenciador ad-quem dio por establecido la validez del negocio preliminar, y con respecto al otro sí suscrito por las partes en fecha posterior a la fijada para cumplir las obligaciones, lo interpretó como «un auténtico negocio para la salvación del precontrato ya incumplido», en la medida que consignaron una relación de los pagos realizados y por cubrir por los prometientes compradores, dispusieron la entrega material de las propiedades objeto del negocio preliminar, insistieron en la satisfacción de obligaciones referidas a impuestos, servicios públicos y las acreencias contraídas con peritos y secuestres, a la par que aceptaron que el incremento que tuvo el crédito de Fogafin fuera asumido por las partes; todo lo cual condujo al Tribunal a concluir que a través del otro sí los contratantes condonaron sus faltas contractuales, lo que se erige en obstáculo para la pretensión resolutoria por incumplimiento.
3.4 Precisamente, el argumento del recurrente con relación al aserto del fallo atacado de que allí se omitió toda referencia a las arras, a la par que tilda al juzgador de reo de yerro en derecho, trasluce una réplica sin la debida fundamentación y huérfana de sustento probatorio, al olvidar fustigar de manera clara y precisa todos los razonamientos del Tribunal soportes de su decisión que revelen los desatinos de sus conclusiones, quedando al descubierto la falta de técnica como quiera que el error de derecho supone la presencia objetiva de la prueba y su constatación por el juzgador, quien puede equivocarse en el mérito legal o en las normas que disciplinan el medio; empero, se equivoca el censor cuando plantea la acusación desde la contemplación objetiva de la prueba, o sea lo que dice o refleja el documento anotado.
La Corte ha doctrinado invariablemente que para colmar los requisitos de claridad y precisión del cargo es necesario que “el recurrente (…) indi[que] la causal del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil en que se respalda y, consonantemente, sustent[e] la acusación, lo cual no puede hacer de cualquier manera y, mucho menos, de una que se asimile a un alegato de instancia, sino con indicación puntual y explicación suficiente de las específicas trasgresiones de la ley -sustancial o procesal- en que incurrió el sentenciador al proferir el fallo cuestionado, y exponiendo los planteamientos que sirven al propósito de demostrar los yerros que se imputen, de donde los argumentos que se esgriman no pueden quedarse en meras generalizaciones, o afianzarse en la totalidad de lo acontecido en el litigio, o aludir globalmente a lo probado en el proceso, o reprochar de forma abstracta las decisiones adoptadas, o limitarse a presentar la visión personal que el recurrente tenga de la plataforma fáctica del litigio, actitudes todas que harán inadmisible la acusación que en tales condiciones se formule” (CSJ, auto del 26 de octubre de 2012, rad. n.º 2003-00723-01; reiterado en AC080-2016, rad. n.° 2008-00430-01).
3.5 Por manera que si por conducto del recurso de casación se pretende invalidar o destruir la presunción de acierto que ampara la sentencia, ello implica que el recurrente tenga la carga de «atacar con éxito todos los fundamentos ofrecidos por el Tribunal, pues mientras tanto, aquel que hubiere dejado de impugnar o que hubiere atacado infructuosamente, le seguirá brindando sustento a la decisión» (Sentencia 7 de octubre de 1993).
Y ello es así en cuanto que debe existir una adecuada crítica, la cual exige que guarde simetría y consonancia con lo esencial de la sentencia combatida, vale decir que se refiera a los verdaderos elementos nucleares de la providencia, porque en estricto sentido lógico jurídico es necesario que haya cohesión entre el ataque o ataques contenidos en la demanda de casación y la sentencia del ad- quem; de no hacerse, se origina un defecto de técnica que torna la acusación imprecisa y se erige en un valladar insalvable para adentrarse en el estudio de fondo del reparo.
En consecuencia, la Corte tiene fijado como criterio que “en el campo de la casación, el error de hecho y el de derecho, ‘no pueden ser de ninguna manera confundidos’, pues aquél ‘implica que en la apreciación se supone o se omitió una prueba’, mientras que éste parte de la base de ‘que la prueba fue exacta y objetivamente apreciada pero que, al valorarla, el juzgador infringió las normas legales que reglamentan tanto su producción como su eficacia’ (sentencia 187 de octubre 19 de 2000, exp. # 5442); esta diferencia permite decir que ‘no es admisible para la prosperidad del cargo en que se arguye error de hecho, sustentarlo con razones propias del error de derecho, ni viceversa, pues en el fondo implica dejar enunciado el cargo pero sin la sustentación clara y precisa que exige la ley; y, dada la naturaleza dispositiva del recurso de casación, le está vedado a la Corte escoger a su libre arbitrio entre uno y otro yerro’ para examinar las acusaciones’ (sentencias 077 de 15 de septiembre de 1998, exp. # 4886; 112 de 21 de octubre de 2003, exp. # 7486; entre otras)’. Véase sent. de 23 de abril de 2009, Exp. 2002-00607”. (Auto de 9 de noviembre de 2012, exp. 1985-02051-01).
Por averiguado se tiene que la casación no es una instancia más del proceso, dada su naturaleza extraordinaria, es de suyo que «el debate litigioso queda relegado a un segundo plano puesto que por delante se halla la tarea de elucidar si en la sentencia se ha incurrido en alguno de los errores in procedendo o in iudicando constitutivos de las causales que dan lugar” a ella, por lo que “el recurrente en casación no dispone de la misma amplitud panorámica de la que goza en las instancias del proceso. Ni, la Corte, por su parte, se encuentra investida de la misma competencia, en cuanto al pleito se refiere, atribuida a los juzgadores de segundo grado; tiene que ajustarse al derrotero que le indique el recurrente, sin que por su propia iniciativa le sea dable rebasarlo”» (Cas. Civ., sentencia del 25 de noviembre de 1997).
En las condiciones anotadas la censura se ofrece incompleta comoquiera que parte de los argumentos que sirvieron de cardinal apoyatura de la decisión de segunda instancia, como se dejó señalado en líneas anteriores, no fueron controvertidos en la demanda de casación, defecto éste que igualmente impide la admisión del cargo (ver Autos de 9 de noviembre de 2012, exp. 1985-02051-01, 18 de diciembre de 2012. Rad. 2006-00803-01, 29 noviembre de 2013, exp. 2007-00696-01).
3.6 Si bien el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, atenuó el carácter formal del recurso de casación, de ninguna manera desaparecieron las exigencias requeridas para la demanda sustentatoria de este recurso extraordinario.
4. En cuanto al segundo cargo erigido con sustento en la causal 2ª del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, se acusa a la sentencia del Tribunal de ser incongruente, su inadmisión no fue objeto de censura a través del recurso de reposición, lo que releva a la Corte de volver a examinarlo.
5. Así, por todo lo expuesto, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.
RESUELVE:
Primero. No acceder a la reposición presentada por el gestor del recurso de casación.
Segundo. La Secretaría dará cumplimiento a lo decidido en el auto inadmisorio.
NOTIFÍQUESE
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
ACLARACIÓN DE VOTO
Aunque, de la misma manera que los magistrados que aprobaron la providencia, considero que en este caso no había lugar a reponer el auto recurrido y, en consecuencia, admitir la demanda, debo aclarar mi voto por las siguientes razones:
No estimo procedente que la Sala, bajo una concepción dispositiva de la casación, siga sosteniendo que el proceder de la Corte está limitado por los perfiles de la sustentación delineados por el censor, porque esas manifestaciones no se ajustan a la función que cumple en el ordenamiento jurídico vigente, ni a los fines que la orientan, pues si bien a dicho recurso se le conoce por ser extraordinario y limitado, tales circunstancias no impiden que la Sala haga uso de las facultades que la ley le otorga para garantizar la igualdad de las partes y la realización efectiva del derecho sustancial.
En efecto, si bien nuestro sistema adjetivo civil tiene una naturaleza predominantemente dispositiva, también es cierto que el proceso se caracteriza en la actualidad, y cada vez en mayor medida, por una importante intervención del juez director del proceso como garante de los derechos de los usuarios de la administración de justicia, es decir que el juicio ya no se concibe como un simple asunto de las partes, pues su resultado depende en gran medida de las amplias facultades que el legislador le concede a los juzgadores para la solución de los conflictos sometidos a su conocimiento.
Bajo este nuevo enfoque procesal, el legislador introdujo a la casación importantes modificaciones, con el fin de atemperar el rigor que en épocas pretéritas caracterizó a esa figura, las cuales se consagraron en los artículos 365 del estatuto adjetivo; 51 del Decreto 2651 de 1991, y 7° de la Ley 1285 de 2009, y ahora en los preceptos 333, 336, 344 y 347 del Código General del Proceso que consagran los fines del recurso, la casación de oficio, la conducta que debe asumirse en el examen de las demandas en las cuales se invoque el quebranto de normas sustanciales y la selección en el trámite de la impugnación extraordinaria.
El Decreto 2651 de 1991, por ejemplo, impuso entre otros deberes, el de separar las acusaciones expuestas en la demanda cuando considere que debieron formularse en cargos distintos (numeral 2º), proceder que ha de seguirse cuando en el libelo se invoca la infracción de normas de derecho sustancial, sin que sea requisito que todos los cargos formulados correspondan a la causal primera, de ahí que también en aquellas demandas que plantean otras causales es procedente la indicada separación de las censuras. Lo anterior, con el doble propósito de proporcionar a la Corte un orden lógico para resolver el recurso y de privilegiar la efectividad del derecho a recurrir en casación y con este, la de los derechos sustanciales objeto del debate.
Eso significa que no es posible inadmitir una demanda por mezclar motivos casacionales o errores de hecho con los de derecho, pues tales deficiencias no constituyen un obstáculo insalvable para conocer de fondo el recurso y, por el contrario, su eventual presencia impone a la Corte la obligación de separar las acusaciones que se considere han debido presentarse en cargos distintos y, seguidamente, realizar el análisis que corresponda a cada uno, a fin de establecer si hay lugar a su admisión.
En este caso, si cada uno de los cargos propuestos contenía acusaciones que involucraban yerros de hecho y de derecho amén de distintas causales, la Sala debió proceder de la manera indicada en el numeral 2º del artículo 51 del Decreto 2651 citado, es decir a desagregarlos para decidir sobre las censuras “como si se hubieran invocado en distintos cargos”.
Por otra parte, en lo que atañe a la completitud de los reproches, resulta desproporcionado exigir que en cada cargo se cuestionen todos los apoyos de la sentencia impugnada. Al recurrente le basta con señalar que el razonamiento principal o los fundamentos esenciales que soportaron la decisión judicial fueron equivocados, y para ello no existen parámetros preestablecidos que deban seguirse de manera rigurosa e irrestricta, pues tan amplio es el espectro de la argumentación, como infinitas las perspectivas de comprensión y formas de abordar un problema. La eficiencia de una acusación se mide según su pertinencia, razonabilidad y grado de convicción, y no por su apego ciego a reglas impuestas por la tradición judicial que desconocen la función y fines del recurso de casación.
No obstante lo anterior, coincido con los demás magistrados en que a pesar de que el recurrente expuso sus apreciaciones discrepantes con la decisión del ad quem, no se ocupó de refutar la consideración esencial sobre la cual dicho sentenciador fundó su pronunciamiento respecto de la nulidad absoluta de la promesa de compraventa que planteó como pretensión principal en su demanda, es decir, aquella referida a que la decisión del a quo en el punto no había sido rebatida en el recurso de apelación, razón por la cual no había lugar a referirse a ella en la segunda instancia.
En lo que atañe a la resolución de dicho negocio jurídico, lo cierto es que no se evidencian errores de hecho manifiestos o de derecho que hayan conducido a la violación de normas sustanciales, que ameriten la admisión del recurso extraordinario.
Adicionalmente, no se advierte que el fallo quebrantara los derechos superiores del impugnante; hubiera realizado una indebida aplicación de las normas sustanciales; desconociera flagrantemente el precedente judicial; o irrogara a los demandantes agravios que deban ser reparados en esta sede por lo que el auto censurado debe mantenerse incólume.
En los términos esbozados con precedencia, dejo aclarado mi voto.
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Magistrado